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Apunte sobre una crisis de fondo

«Todo esto, tiene que ver con el poder. Poderes económicos, sociales, políticos. Poderes, en los casos en comento, agudizados por una codicia sin límites (de verdaderos lobos disfrazados de ovejas) y que derivan en corrupciones intolerables para un mantenimiento y progreso democrático. Por eso, se habla de ‘bienes jurídicos’, de aquellos que tienen que ver con los derechos humanos y el bien común».

Por Percival Cowley ss.cc.*

Nadie podría calificar a los empresarios, a todos ellos, como delincuentes. Muchos son honestos trabajadores, con frecuencia creativos y honrados. Lo que sí es cierto es que estos últimos parecen ser cada vez menos numerosos.

El caso de PENTA ha resultado ser una especie de guinda de la torta de diversos episodios provocados por empresarios o grupos de empresarios que nos han ido impactando sucesiva o simultáneamente.

Desde LA POLAR, pasando por las colusiones de las farmacias y los pollos, SQM, CAVAL, etc., hemos ido conociendo diversos tipos de delitos o, al menos, de corrupción moral sobre los cuales parece no haber legislación suficiente. Incluso, al menos para quienes nos encontramos ajenos a ese mundo peculiar, han aparecido nuevos lenguajes como el de “contralores”, para referirse a los dueños; facturas “ideológicamente falsas”, novedad en el campo de la filosofía política; “operaciones de forward”, donde nuestro castellano se nos hace débil; “cultura de evasión tributaria”, asunto de ninguna manera menor. Algunas de estas “nuevas” palabras se refieren a hechos puntuales. La última, tiene que ver con situaciones permanentes que inciden en un modo constante de relacionarnos entre seres humanos, es decir, de una cultura; de un comportamiento perseverante que desplaza a otros.

El efecto de estos comportamientos, que son morales antes de ser legales, plantea desafíos inevitables respecto de nuestra convivencia como sociedad humana. Lo que entra en crisis es el bien social que es la confianza y esta considerada en su dimensión social y personal; entre individuos, grupos e instituciones. De allí que esta crisis pone en cuestión un valor esencial en relación con la “polis”, es decir, con la ciudad humana y las maneras concretas y cotidianas a través de las cuales los seres humanos vamos encontrando los mejores caminos para vincularnos entre nosotros.

Todo esto, tiene que ver con el poder.  Poderes económicos, sociales, políticos.  Poderes, en los casos en comento, agudizados por una codicia sin límites (de verdaderos lobos disfrazados de ovejas) y que derivan en corrupciones intolerables para un mantenimiento y progreso democrático. Por eso, se habla de “bienes jurídicos”, de aquellos que tienen que ver con los derechos humanos y el bien común.

La pérdida de la confianza, en personas e instituciones, sobre todo si éstas pudieran escribirse con letras mayúsculas, conduce a la

pérdida de la seguridad, elemento fundamental así percibido por el grueso de nuestra población, donde no siempre el simple asalto callejero ocupa el lugar primero, al menos en esa sensación de que hay algunos más seguros que otros

Los hechos conocidos, seguramente punibles, nos ofrecen, con todo, una oportunidad: la de una nueva legislación. Podríamos decir que, hasta el momento, nuestros legisladores no han hecho pleno uso del pecado original. De una buena manera y con mayor imaginación se les han adelantado nuestros empresarios. Se dice: “Hecha la ley, hecha la trampa” y esto desde antigua data. También este es un rasgo cultural, vinculado con la astucia, la que, tradicionalmente, ha sido considerada como una virtud.

En cualquier caso y en términos comparativos, el antiguo y modesto abigeato de sectores rurales ha tenido más penalidad que la de grandes y sonoros señores de la empresa que, hasta ahora, han abusado de sus capacidades, de diversa índole, para incurrir en operaciones objetivamente inmorales. En este sentido, las penas deberían también ser proporcionadas no sólo al delito cometido como también a la jerarquía, intelectual, social, etc. y, por lo mismo, a su mayor responsabilidad en relación al conjunto de la sociedad. Seguramente, la misma Iglesia Católica debería ocuparse en indicar la importancia moral y la gravedad del pecado en la medida en que quien lo comete se supone ha de ser un ejemplo en la sociedad de la que forma parte y a la que ha de servir. Se trata, nada menos, que de la dimensión social de la culpa o, si se quiere, del pecado.


Por otra parte, -y en una dirección similar-, no habría que olvidar que los impuestos y las evasiones de los más privilegiados, impiden la construcción de más hospitales y centros de salud y mejorar las atenciones correspondientes; por igual, la de construcción de viviendas más dignas, y, a la vez, de comerse ellos los pollos de los menos favorecidos; utilizar, en su propio beneficio, los remedios más caros y así sucesivamente. Tampoco podemos olvidar que tales evasiones impositivas (y otros delitos de la especie), no facilitan la construcción de escuelas, el mejoramiento de la carrera docente, la calidad de la educación.

Por eso, aunque sea muy importante hacer todas las reformas necesarias a las leyes que, en estas materias, nos rigen y que abarcan los delitos económicos, también es necesario que se mejoren rigurosamente aquellas que tienen que ver con la política: poner coto a los gastos electorales, financiamiento del Estado a las agrupaciones de esa índole, control serio y objetivo de lo que se ha llamado las “malas prácticas”, trasparencia exigida y altas sanciones cuando sea del caso.

Así, aunque mejore substancialmente nuestra legislación democrática y aunque los hechos recientes constituyan una “oportunidad” (para los cristianos podría ser un “kairós”), ya sabemos que no basta ni siquiera la mejor legislación. Un desafío inmediato –y también a mediano y largo plazo- tiene que ver con la calidad de la educación y el sistema valórico que la inspire, de tal modo que ella pueda ser no sólo académica sino integral.

*Percival Cowley Vargas, religioso de los Sagrados Corazones, ex capellán de La Moneda.

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